En la fecha , Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de la ONU sobre deuda externa, finanzas
y derechos humanos, declaró en Ginebra que no se puede continuar ignorando el impacto negativo de las
políticas de austeridad.
En 2015, se preveía que estas medidas afectarían a más de dos tercios
de los países entre 2016 y 2020, es
decir, a casi el 80 % de la población
mundial, y que lo harían de forma más prominente en los países en
vías de desarrollo. Según un informe del Consejo de Derechos humanos,la predicción se ha cumplido. Tras treinta años de promoción, los países tienen problemas para proteger los logros que habían alcanzado en materia de
protección social y más de dos tercios están reduciendo su gasto público y limitando su
espacio fiscal.
En el contexto de
la crisis de 2007-2008, el crecimiento
económico se convirtió en la gran prioridad,
pero acompañado de medidas como recortes en sanidad y educación, reformas fiscales, privatización de servicios o reducción de subvenciones. Una de las consecuencias
ha sido el aumento de la
exclusión social, según señalan indicadores
como el desempleo de larga duración
o el incremento del número de personas sin hogar.
Ante esta situación, Bohoslavsky declaró que se
debe evaluar las repercusiones de las políticas económicas
sobre los derechos humanos antes de adoptarlas: “El papel instrumental que los derechos humanos pueden y deben
representar en el diseño e implementación de reformas económicas no ha sido incorporado de manera efectiva”.
El informe indica que ciertos países
han aplicado medidas de austeridad no solo para solventar problemas financieros, sino para
prevenir futuras dificultades. En
este contexto, resulta de vital
importancia supervisar el funcionamiento de las políticas económicas para prevenir los efectos adversos que pueden producir y, así, tratar de mejorar la
capacidad de resistencia de los países ante futuras
crisis.
En 2017, el experto también presentó tres informes en Túnez, Panamá y Suiza,
en los que analizaba los avances
alcanzados para limitar la corrupción
y los flujos financieros ilícitos.
Según estos documentos, ambas prácticas
representan las raíces de la desigualdad, la debilidad del
estado de derecho y la ineficacia en la distribución de
los fondos públicos, que afectan directamente a los derechos humanos.
“Mientras más énfasis pongamos en su dimensión internacional y sus consecuencias
para los derechos humanos, así
como en la necesidad de que todos los países
se involucren a nivel doméstico e internacional en la lucha contra la evasión
fiscal, el fraude fiscal y la opacidad en general, más cerca
estaremos de lograr cambios significativos”, indicó Bohoslavsky.
El Consejo de Derechos Humanos nombra a los relatores especiales de la ONU
y expertos independientes para examinar e informar sobre un tema
específico de derechos humanos o una situación en el país. Los
puestos son honorarios y los expertos no son personal de la ONU, ni
reciben un sueldo.
(Fuente: Noticias ONU).
