Cerca del 77% no
creen en la honestidad de los procesos electorales, un 85% piensa que
la corrupción es un fenómeno generalizado y alrededor del
66% duda del sistema judicial. La CEPAL, el CAF y la OCDE han
propuesto una serie de medidas para hacer
frente a tanto recelo.
Esta situación de
generalizada desconfianza en la política queda recogida en Perspectivas Económicas de América
Latina 2018: Repensando
las Instituciones para el Desarrollo, un informe elaborado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE),
la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
(CEPAL), y el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), en colaboración con
la Comisión Europea.
El documento
señala que, aunque el problema difiere
entre los países, la mayoría de los indicadores muestran un deterioro de la
situación entre 2006 y 2016, y las perspectivas de futuro no parecen alentadoras.
La crisis
de desconfianza perjudica
los lazos que existen entre la sociedad y las autoridades públicas y resulta
necesario avanzar hacia instituciones
eficaces, abiertas e innovadoras para favorecer el desarrollo en la zona.
A pesar de que la región se sitúa en una senda de
recuperación económica, este desempeño resulta menos
favorable que el vivido durante la fase
expansiva de la década del 2000. Según las estimaciones, se prevé que el Producto Interior Bruto de la región crezca entre un 2 % y un 2,5 % en
2018, después de haber aumentado un 1,3 % en 2017.
Las tres organizaciones
señalan el papel fundamental que
desempeñan las instituciones para
superar la trampa del
ingreso medio -la desaceleración
del crecimiento que tiene lugar
después de alcanzar niveles de renta
media- en la que se encuentran actualmente la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe.
Asimismo, destacan que muchos países
han hecho frente a la situación invirtiendo en instituciones sólidas e integrándose en el mercado internacional.
Las tendencias
económicas han afectado a los niveles de vida y podría poner
en peligro el notable progreso de
las décadas anteriores. Hoy, el 23 % de los
latinoamericanos aún vive por debajo
del umbral de pobreza y alrededor del 40 % pertenece a la clase media vulnerable.
Como consecuencia, la confianza en las instituciones,
así como la satisfacción con los servicios públicos, se ha deteriorado.
Por ejemplo, la
proporción de la población satisfecha
con los servicios de salud cayó del 57 % en 2006 al 41 %
en 2016, ubicándose por debajo de los niveles de la OCDE, cercanos al 70 %. De la misma manera, la satisfacción con el sistema educativo disminuyó del 63 % al
56 % para ese periodo. Esto contribuye al
descontento social y la poca
disposición de los ciudadanos a
pagar impuestos. De hecho, en 2015, el 52 % de los latinoamericanos, seis puntos
porcentuales más que en 2011, aseguró estar dispuesto a evadir impuestos.
El descontento social con los
servicios públicos es aún mayor para la población pobre y vulnerable dado que no pueden acceder a otros servicios de mejor calidad,
generalmente más costosos y
provistos por el sector privado.
Pero la clase media, en rápida expansión, también se muestra escéptica con respecto al desempeño de las autoridades y aspira a
consolidar la democracia y sus valores dentro de un entorno socioeconómico favorable.
Ante esta
situación, se proponen soluciones
para reconstruir el nexo entre el Estado,
los ciudadanos y el mercado. De acuerdo con el informe, se requieren instituciones más sólidas para superar
la trampa del ingreso medio y aumentar la productividad a través de:
-Inversiones en infraestructura, habilidades,
tecnología e investigación y desarrollo. La región necesita diversificar
su estructura de producción e incrementar su valor
agregado.
-Fomentar una mayor integración regional y mundial,
especialmente aprovechando el prometedor diálogo entre iniciativas de integración
regional como la Alianza del
Pacífico y Mercosur; y entre la región y otros bloques comerciales.
-Luchar contra la corrupción, prestar mejores
servicios y responder a las demandas
de los ciudadanos.
-Promover una cultura de integridad en todos los niveles
del gobierno y mejorar los marcos regulatorios fomentaría un mayor nivel de responsabilidad.
-Usar las nuevas tecnologías para fomentar la innovación en el sector
público. Esto implica, por ejemplo, involucrarse más con la sociedad civil a través de nuevas plataformas tecnológicas, promover
las políticas de gobierno abierto y utilizar de manera
más extensa los análisis de big data en el diseño de políticas públicas.
(Fuente: Noticias ONU)
