250 millones de personas viven en condiciones extremas de injusticia

Durante una sesión informativa sobre la nueva visión del estado de derecho, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que, según las estimaciones, 250 millones de personas viven “en condiciones extremas de injusticia, privadas de cualquier protección significativa de la ley”. 

Volker Türk recordó que la justicia es vital para la paz, para un contrato social justo y duradero y para el desarrollo sostenible. “Esta relación entrelazada se refleja en la promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que compromete a los Estados a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles". 

Sin embargo, el Objetivo 16 “no va por buen camino”, señaló el Alto Comisionado. La Oficina de Derechos Humanos calcula que 4500 millones de personas, el 60% de los habitantes del planeta, están excluidas de la protección social, económica y política y de las oportunidades que la ley debería proporcionar. 

Además, el informe Desarrollo Sostenible 2022 revela que el 15% de las empresas de todo el mundo, una de cada siete empresas, se han enfrentado a peticiones de sobornos por parte de funcionarios públicos. 

“La corrupción en el poder judicial, por su parte, socava gravemente la legitimidad y la confianza en el sistema judicial, un principio básico del estado de derecho", declaró Türk. 

Para hacer frente a la situación, el Alto Comisionado aboga por una financiación mundial adecuada para la consecución del Objetivo 16, más información sobre sus indicadores y una mayor prioridad al cumplimiento de sus compromisos.(Fuente: Noticias ONU; 04.08.2023, Foto: Unsplash).

 

El 25% del gasto público mundial se pierde en corrupción

La corrupción tiene efectos perjudiciales para el desarrollo sostenible en todos los países y su coste es abrumador, afirmó este martes la presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, Lachezara Stoeva, durante un encuentro para “aprovechar el poder transformador del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16”, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

“La corrupción se lleva más del 5% del PIB mundial. De los aproximadamente 13 billones de dólares de gasto público mundial, hasta el 25% se pierde a causa de la corrupción”, afirmó.

Un coste que no se limita únicamente a un aspecto financiero, sino que también contribuye a empeorar múltiples facetas colectivas como favorecer la pérdida de recursos naturales, exacerbar la pobreza y la desigualdad, erosionar la confianza y la cohesión social y socava la estabilidad económica y política.

A todas estas facetas, añadió que las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables son los más afectados por la corrupción y que, cuando nos encontramos a la mitad de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, urge acelerar la implementación de los Objetivos, un desafío que consideró complicado ya que “la corrupción se interpone en nuestro camino”.

Mejoran las medidas anticorrupción a nivel nacional

Sin embargo, Stoeva declaró que los avances sobre paz, justicia, e instituciones sólidas, tal y como promueva esa meta número 16, pueden generar lo que calificó de “círculo virtuoso”.

“El Objetivo 16 es un requisito indispensable para la aplicación efectiva de todos los demás. A su vez, este avance se convierte en un factor que permite dar respuestas más eficaces a la corrupción”, afirmó.

Para conseguirlo, explicó que reducir los flujos financieros ilícitos y  combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas “son elementos fundamentales de la paz y de unas sociedades pacíficas, justas e inclusivas”, señaló.

En el apartado de logros, destacó los “avances significativos” que se produjeron gracias “a los mecanismos disponibles para hacer frente a la corrupción”.

“Los países han aplicado diversas medidas anticorrupción. Hay más concienciación y mejores marcos legislativos y normativos. Las estrategias nacionales son habituales. Los gobiernos locales están implicados. Se comprenden mejor los riesgos. Se aprovecha el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación, y de los datos. Los ciudadanos y la sociedad civil participan en el seguimiento de los riesgos de corrupción y las respuestas anticorrupción”, comentó.

Pese a este amplio catálogo de avances, destacó que los retos “requieren esfuerzos sostenidos de lucha contra la corrupción y enfoques adaptados que impliquen a múltiples partes interesadas y combinen diversos instrumentos”.

Para lucha contra la corrupción, reunir pruebas de la eficacia de las reformas e informar sobre los avances del Objetivo 16, la presidenta del ECOSOC destacó la necesidad de reforzar su seguimiento y evaluación. “Nunca hubo tanto en juego” finalizó.

América Latina ya cuenta con centros regionales contra la corrupción

En videoconferencia desde Viena, la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Waly, recordó que su agencia está creando una red de centros regionales de lucha contra la corrupción que ayudan a mejorar las necesidades sobre el terreno y promueven la cooperación interregional y Sur-Sur.

Waly especificó que el primer centro se inauguró en México el año pasado y que pronto se abrirán otros dos en Kenia y Colombia, junto a otros proyectos en marcha.

La directora general de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, Jan Beagle, compartió tres aspectos en los que el Objetivo 16 puede desempeñar un papel vital para abordar estos desafíos globales:

• Preservar y avanzar en la consecución de toda la Agenda 2030
• Combatir la corrupción y restablecer la confianza
• Abordar retos complejos y transnacionales para los que los instrumentos tradicionales de gobernanza no están preparados (Fuente: Noticias ONU, 02.05.2023,  Foto: Unsplash/Jason Leung).

La nueva misión en Haití innova para reforzar el estado de derecho

Desplegar unidades móviles y facilitar la comunicación entre los individuos y las autoridades es la apuesta innovadora de la nueva misión de la ONU en Haití para fortalecer el sistema de justicia y de protección de los derechos humanos en el país caribeño.

La Misión de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), que inició sus labores el 16 de octubre de 2017, tiene como propósito único ayudar a Haití a reforzar el estado de derecho.

“Es necesario que el sistema de justicia funcione mejor”, dijo a Noticias ONU Susan Page, representante especial del Secretario General y jefa de la Misión en el país.

La MINUJUSTH, de tamaño reducido, adoptó un nuevo modelo para una misión de la ONU, con el fin de alcanzar resultados en un plazo bastante corto.

“En una época cuando se debe hacer más con menos, es importante ser flexible y móvil”, afirma Page.

Excepto por los contingentes de policía, la misión está basada exclusivamente en la capital Port-au-Prince.

“Tenemos unidades móviles para llegar al número más grande de personas y tratar de entender cuáles son sus necesidades y ayudarles, poniéndoles en contacto con las autoridades políticas de alto rango”, detalla la representante especial. Las mismas autoridades tendrán puntos de referencia sobre los anhelos de justicia de la gente.

“Con ese mayor conocimiento y nuestra ayuda, podrán mejorar el sistema de justicia y su gestión”, afirma.

La Misión se enfoca en el Objetivo 16 de desarrollo sostenible que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Tener puntos de referencia es también el objetivo de la MINUJUSTH para medir el progreso de sus actividades antes de preparar una salida del país en un plazo de dos años.

Acerca del brote de cólera, Susan Page afirma que se quiere llegar a una transmisión cero. Para acabar con la enfermedad, que se propagó a partir del 2010, “trabajamos con el Equipo de país y las autoridades nacionales al respecto y el Enviado Especial está buscando colaboraciones entre el sector privado y el sector público”, indica (Fuente: Centro de Noticias ONU).