El relator especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, resalta en un informe presentado ante el Consejo de
Derechos Humanos cómo las medidas de ciberseguridad pueden ir en detrimento
de este derecho y propone soluciones para hacer frente a la
situación.
La privacidad
o intimidad permite a las personas disfrutar de sus libertades, desarrollar su personalidad y participar en la vida política, económica, social y cultural de su entorno. Por lo tanto, las decisiones
que la menoscaban repercuten directamente en los
ciudadanos.
Los países se encuentran cada vez más
preocupados ante el hecho de que las nuevas
tecnologías y concretamente internet
amplifiquen las amenazas a las que
se enfrentan y, como consecuencia, tienden a intensificar sus medidas de ciberseguridad. Un claro ejemplo son los Estados que han sufrido ataques
terroristas.
A pesar de que los
enfoques varían, el documento indica que ninguna
de las piezas de legislación respeta las normas
internacionales sobre el derecho a la privacidad y, por
consiguiente, estas permiten que se infrinjan
principios como la confidencialidad o
la integridad, entre otros. En este
sentido, el relator ha destacado la
situación de los ciudadanos que han
visto violada su intimidad y no han podido exigir medidas correctivas porque la ley no las contempla.
“Hay
casos donde no existen mecanismos
nacionales para vigilar las comunicaciones o el uso de internet, e
incluso donde los hay, resultan ineficaces
y no garantizan suficiente transparencia ni responsabilidad”, señaló el experto.
El informe indica que resulta necesario
emprender un diálogo para que las políticas de ciberseguridad tengan en cuenta los derechos y libertades de los ciudadanos.
Estas discusiones, celebradas tanto a nivel regional como internacional,
deberán incluir a miembros de la sociedad
civil, representantes gubernamentales,
empresas de Internet y expertos
en derecho y seguridad para compartir información,
conocer sus intereses y poder cubrir
todos los aspectos relevantes.
El informe tiene como objetivo final
elaborar una serie de normas
internacionales que permitan a los Estados
proteger a sus ciudadanos de las amenazas
internas y externas, y que, al
mismo tiempo, respeten y velen por sus derechos. “El ciberespacio depende de la voluntad y capacidad de los Estados
de trabajar juntos para lograr la sinergia
entre la privacidad y la
seguridad”, indicó Cannataci.
Según el informe, la Unión Europea se alza como
uno de los grandes promotores
regionales de esta iniciativa,
seguida de África y América Latina que muestran su interés
en ver cómo avanza el proceso.(Fuente:Noticias ONU).
