Del acceso digital a la inclusión financiera: cinco retos pendientes

En el Perú, la digitalización financiera avanzó con fuerza en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), el 57% de los adultos contaba con al menos una cuenta en el sistema financiero al cierre de 2023, un salto de 13.7 puntos frente a 2019.

Este crecimiento se explica en buena medida por el auge de las billeteras móviles: aplicaciones como Yape y Plin que hoy concentran en promedio 15.8 millones de transacciones diarias, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE).

“Este primer paso hacia la bancarización digital es relevante, pero no suficiente. El gran desafío ahora es que la población no solo acceda, sino que incorpore los pagos digitales en su vida diaria para ahorrar tiempo, reducir riesgos y abrirse a más servicios financieros”, sostuvo el gerente general de la plataforma de pagos digitales Tupay, Ricardo Pacheco.

El acceso, sin embargo, sigue marcado por brechas. Mientras el 61.3% de los habitantes urbanos ya tiene una cuenta, en zonas rurales la cifra se reduce a 37.4%. Además, el nivel educativo condiciona fuertemente la inclusión: un 86.5% de universitarios tiene cuenta, frente a solo un 33.3% de personas con educación primaria, según datos del Inei.

Para que la digitalización se traduzca en una participación equitativa y real, se necesita una agenda conjunta. El gerente general de Tupay, comparte cuatro retos de cara a este escenario:

Alta informalidad laboral. Según el Inei, más del 70% de los trabajadores peruanos se desenvuelve en la informalidad. Mientras este sector no vea beneficios tangibles en la formalización, el alcance de los pagos digitales será limitado, pues la economía seguirá operando en paralelo al sistema financiero.

Brecha de conectividad. El Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR) de 2023 indica que el 74.1% de la población rural sin productos financieros posee un celular, pero solo la mitad accede a internet. En las zonas urbanas, la penetración de internet alcanza el 70.9%. Esta diferencia muestra que la conectividad se ha convertido en un cuello de botella: los celulares están disponibles, pero la falta de internet restringe el acceso a soluciones financieras más complejas.

Educación financiera insuficiente. La masificación de billeteras móviles no siempre va acompañada de comprensión sobre su uso responsable. Los estudios del IPE y el propio BCR muestran que el crecimiento de las billeteras se concentra en transferencias inmediatas, lo que plantea el reto de diversificar su uso hacia productos como ahorro, pago de servicios o microcréditos. La ausencia de educación financiera limita la posibilidad de que la inclusión digital se traduzca en inclusión efectiva.

Persistencia del uso de efectivo en regiones. En regiones como Puno y Madre de Dios, donde las brechas de bancarización son más amplias, el efectivo sigue siendo el medio dominante para pagos y transacciones cotidianas (Inei). La digitalización de estas zonas requiere estrategias específicas: mejorar la infraestructura de internet y telefonía, incentivar el pago digital en comercios locales y desarrollar productos adaptados a poblaciones con menor acceso bancario.

Open Banking y nuevos modelos. El Perú se encuentra en proceso de discutir regulaciones para la apertura de datos financieros. El Open Banking permitiría que un usuario, incluso sin historial crediticio formal, pueda ser evaluado por sus patrones de consumo y pagos digitales. Esta transformación requerirá una coordinación estrecha entre bancos, fintech y reguladores, además de mecanismos sólidos de protección de datos.

Para Pacheco, el Perú se encuentra en un punto de inflexión. “La tecnología y la regulación están sentando las bases de un sistema más inclusivo. El reto es acelerar su adopción con soluciones simples, seguras y adaptadas a la realidad de cada región del país. Solo así pasaremos de la bancarización digital a la verdadera inclusión financiera”, concluyó.(Fuente: Agencia Andina, 20.09.2025).

Telecomunicaciones: ¿cómo ha aportado este sector al crecimiento y la inclusión en Perú?

Entre 2020 y 2023, las telecomunicaciones consolidaron un rol clave en la economía peruana, consolidándose como un sector de alto rendimiento. Su participación en el Producto Bruto Interno (PBI) superó el 5%, y es uno de los sectores con mayor productividad laboral: el valor agregado por trabajador es 11 veces mayor al promedio nacional, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Además, los ingresos laborales en el sector son 78% más altos que los de otros rubros de servicios.

En términos de inversión, el crecimiento ha sido sostenido. En 2022 se invirtieron más de 3,500 millones de soles en infraestructura, un 9.7% más que en el año anterior. Esta cifra consolidó la recuperación tras el freno de la pandemia. Los ingresos operativos también repuntaron con fuerza: 17.4% en 2021 frente a 2020, superando incluso los niveles prepandemia. 

“El sector telecomunicaciones no solo aporta en términos de conectividad. Hoy es una infraestructura habilitadora del crecimiento. Educación, salud, comercio, servicios financieros y logística no podrían funcionar sin una red moderna y operativa”, señala Christian Chee, vicepresidente de Gilat Perú.

El acceso a servicios de Internet creció notablemente en los últimos cinco años. En 2023, más del 90% de los hogares peruanos contaba con algún tipo de conexión —móvil o fija—, frente a menos del 70% en 2017. No obstante, la mayoría de estos accesos provienen de servicios móviles: solo el 39.4% de hogares tiene internet fijo. En zonas rurales, esa cifra apenas supera el 10%. Pese a los avances, más de tres millones de peruanos siguen fuera del ecosistema digital. 

De estos, cerca del 8% no cuenta con acceso a ningún tipo de red móvil y un 12% solo accede a servicios básicos como 2G, especialmente en las zonas rurales, lo que limita radicalmente su capacidad de participación económica y social. Además, las brechas de calidad son significativas: la velocidad promedio de conexión en zonas rurales (21 Mbps) es tres veces menor que en áreas urbanas (64 Mbps), según Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Parte del salto estructural del sector entre 2020 y 2025 provino del empuje a la conectividad rural. Los 21 Proyectos Regionales de Banda Ancha ejecutados por Pronatel y concesionados a operadores permitieron llevar conectividad a más de 6,500 localidades alejadas. Estas redes no solo sirven a instituciones públicas —como colegios, postas o municipios— sino que habilitan a operadores privados a ofrecer servicios residenciales o móviles.

La expansión de fibra óptica, radioenlaces y soluciones satelitales complementarias ha convertido a la conectividad en una herramienta de desarrollo transversal. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la implementación de Internet en escuelas rurales ha aumentado la retención escolar en 20% y ha mejorado el rendimiento académico. En salud, la telemedicina ha permitido ampliar el acceso a servicios especializados. Y en el ámbito económico, la inclusión financiera y el comercio digital han crecido gracias al acceso a servicios móviles en zonas antes desconectadas.

El sector se ha dinamizado con la llegada de 5G comercial (autorizado desde 2021) y la entrada de nuevos actores como Starlink, que en 2022 obtuvo permiso para operar Internet satelital de alta velocidad en todo el país. Sin embargo, la expansión de estas tecnologías sigue limitada por factores estructurales: retrasos en las licitaciones de espectro, procesos municipales engorrosos para la instalación de antenas, falta de incentivos fiscales y bajo interés en zonas no rentables.

Desde el lado regulatorio, el MTC ha anunciado la próxima licitación de las bandas 3.5 y 26 GHz, fundamentales para la expansión 5G. También se ha actualizado el reglamento de gestión ambiental para simplificar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones. A nivel tributario, se ha prorrogado la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) para la importación de equipos de telecomunicaciones donados, pero aún no existen beneficios concretos para operadores que invierten en zonas rurales de bajo retorno.

El futuro inmediato del sector pasa por dos ejes: una mayor articulación público-privada y el enfoque integral del servicio. “El desafío no es solo llevar Internet, es conectar un ecosistema completo: escuelas, postas, municipios y hogares. Esa visión de habilitadores integrales es la que realmente puede transformar una comunidad”, afirma Christian Chee. En esa línea, la agenda del gobierno para 2025 incluye conectar más de 4,600 escuelas y 476 centros de salud adicionales mediante proyectos financiados con apoyo del BID y el Banco Mundial. También se planea instalar más de 3,700 plazas WiFi en zonas rurales.

La posibilidad de impulsar proyectos por Obras por Impuestos (OxI) o Servicios por Impuestos (SxI), así como de aplicar modelos de coinversión en espectro o infraestructura compartida, se presenta como una alternativa viable para acelerar la cobertura universal. El reto de fondo será garantizar la sostenibilidad operativa en las zonas más alejadas del país. Para eso, será clave diseñar modelos de negocio mixtos que combinen subvención, mercado y tecnología.(Fuente: Agencia Andina, 07.06.2025; Foto: ANDINA/Difusión).