La exención flexibilizaría las normas de propiedad
intelectual de la Organización Mundial del Comercio y permitiría
aumentar la producción y distribución de vacunas, diagnósticos
y tratamientos para quienes no tienen acceso a la atención sanitaria
relacionada con el COVID-19.
La especialista en derechos humanos afirmó que
"el hecho de no autorizar la exención general iría en contra de los principios
fundamentales de derechos humanos de igualdad racial y no discriminación".
Achiume indicó que actualmente más del 70% de las personas que viven en países de altos ingresos ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que en los países de bajos ingresos esa cifra no llega al 18%, por lo que denunció que el actual sistema equivale a una situación de "apartheid” relacionado a las vacunas.
La relatora destacó que las personas
más perjudicadas por esta situación “son los pueblos racialmente marginados”,
por lo que “el acceso desigual a las vacunas y tratamientos contra
el COVID-19 dentro de las naciones y entre ellas es
innegablemente una cuestión de injusticia racial”. (Fuente:
Noticias ONU, 14.06.2022, Foto: OPS / Karen
González Abril)
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